Por: Raúl López Gómez
En el Día de la Libertad de Expresión: el precio de escribir y criticar
El destacado jurisconsulto veracruzano, Ignacio Morales Lechuga, notario público y experto en derecho, dice sobre el tema del ejercicio de la libertad de expresión, como un derecho fundamental que se convierte en el oficio, profesión y actividad de mayor riesgo y peligro en el país y en el mundo.
Analiza con precisión y a profundidad el caso de la periodista de Nanchital y que alcanza notoriedad en el planeta por la forma de que fue vulnerado su hogar y con una situación que no debe considerarse normal:
“Ni la familia ni los vecinos de Roxana pudieron hacer nada; llamar a la policía no fue una opción de salvación
Un hombre encapuchado apunta con un arma larga hacia el interior de una casa en Veracruz mientras otro golpea la puerta con un marro; la seguridad del hogar se ha convertido en zona de guerra. Dentro se escucha a un hombre desesperado implorar que se detengan, que hay un bebé, como si aquel ruego pudiera despertar la cordura de quienes vienen con la intención de arrancar a una mujer de su hogar.
La cámara resiste unos segundos y luego la escena se precipita hacia la oscuridad donde empieza la devastación: con lo que hemos visto sabemos lo suficiente para entender y demasiado poco para salvar.
Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, fue sustraída la mañana del 2 de junio de su domicilio, el espacio donde, hasta ahora, los mexicanos aún creíamos que teníamos refugio; la violencia en México ha comenzado a profanar los sitios ordinarios donde se sostiene la vida.
Roxana no llegó a ese instante sin advertencias; el 11 de marzo de 2017, Carlos Fernández Escalante, su esposo, fue asesinado a balazos en Nanchital, a unos metros de donde ella se encontraba. Ese crimen la empujó a salir de Veracruz por motivos de seguridad.
Años después regresó, fundó Pulso Informativo del Sureste y volvió a ejercer un periodismo local que incomoda precisamente porque toca la policía, el presupuesto, la denuncia vecinal y el control del miedo. El Estado mexicano tuvo casi una década para registrar el riesgo, protegerla o comprender que una periodista marcada por una ejecución cercana exigía otra forma de cuidado. No bastaron las alertas, los protocolos no protegieron, la tragedia se fraguó mucho antes del primer golpe en la puerta.
En el secuestro, los delincuentes piden un rescate, tienen una demanda y buscan una negociación para devolver a la persona; en la desaparición, el mensaje consiste justamente en el vacío y en el peso del silencio, obligando a la familia a vivir en una espera eterna sin interlocutor.
Reporteros Sin Fronteras distingue el secuestro por la existencia de una condición para liberar o mantener con vida a la víctima, y considera desaparecido al periodista cuando no hay elementos suficientes para saber si fue asesinado, secuestrado o detenido.
El silencio en el que se sume a la víctima logra el mismo efecto en la sociedad, pues nadie reclama, explica o responde; de este modo, la víctima es expulsada del lenguaje del Estado mucho antes de ser encontrada. La apatía engendrada por la tiranía de la indiferencia normaliza el horror y entra en marcha la pedagogía de la culpa alentada desde el propio Estado, que sienta a la víctima en el banquillo.
El viejo y rancio discurso que se usaba contra las mujeres regresa con otra máscara: si antes se culpaba a las víctimas de violación por usar faldas cortas, hoy se regresa a culpar a los periodistas de su propia desaparición por el simple hecho de escribir y criticar. Lo más infame es que muchos de estos ataques ocurren bajo la complacencia e instrucción de las autoridades, operando bajo la premisa de que el crimen organizado y el Estado son la misma cosa o, cuando menos, socios comerciales que garantizan la impunidad.
El caso de Roxana estremece porque rompe los mitos de la seguridad: ella no estaba en una carretera peligrosa ni en un callejón oscuro; la sacaron de su casa a golpes y jalones, en una absoluta indefensión donde ni la familia ni los vecinos pudieron hacer nada y donde llamar a la policía no es una opción de salvación.
Las cifras pierden significado cuando se repiten sin consecuencias. Conocemos la cifra de periodistas asesinados, niños, niñas, jóvenes, hermanos, hijas desaparecidos, grupos de madres buscadoras y niños huérfanos, y aun así seguimos operando con una eficacia fría, como si la vida pública consistiera en sobrevivir al espanto siguiente.
México ha desarrollado una tolerancia al horror que ya no puede llamarse resignación inocente, pues a golpe de repetición se ha convertido en complicidad por omisión, en grupos de vecinos que se encogen de hombros ante la barbarie y una opinión pública que vuelve ruido cotidiano una desaparición.
En Veracruz quedó una puerta vencida y la imagen de un celular que grabó hasta que la violencia arrancó la escena de nuestras manos. Uno pensaría que la inacción, el silencio y la resignación son provocados por el miedo; tristemente, hace tiempo que como sociedad trascendimos la angustia y sólo nos queda la pregunta: ¿En qué momento perdimos la capacidad de escandalizarnos ante la puerta rota, el arma larga, la bebé que queda adentro y la periodista que ya no está? ¿En qué momento la indiferencia nos arrancó la dignidad ciudadana?
Al momento de enviar este artículo a la redacción, surgió la noticia de la posible aparición de la periodista, lo cual celebro; sin embargo, el hecho no evade lo que se denuncia en este artículo. De aparecer con vida, Roxana será la excepción de una larga lista de periodistas ultimados por ejercer la profesión de sacar a la luz lo que a unos conviene permanezca en la oscuridad”.
Ignacio Morales Lechuga, es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho; próximo a defender su tesis doctoral en derecho constitucional por la UNAM.
Con una larga trayectoria profesional, fue secretario general de gobierno en el estado de Veracruz, candidato a la gubernatura de esta entidad por la primera coalición de partidos políticos, se desempeñó como procurador de la ciudad de México, titular de la PGR, embajador de México en Francia, y fundador del primer consejo nacional de seguridad pública, así como rector de su alma mater.
Ejerce la docencia, ofrece conferencias y escribe artículos de interés en el periódico El Universal de México.
Además, de dedicarse junto con su esposa Jacqueline Broc de Morales, a participar en el altruismo para apoyar tareas de servicio social con instituciones hospitalarias,  la lucha en contra de las adicciones y al fomento de las acciones en el cuidado del agua y la protección del medio ambiente, como miembro de importantes fundaciones como la de don Gonzalo Río Arronte.
En su exitosa vida personal y profesional de notario público en la ciudad de México, a lo largo de más de cincuenta años de ejercicio en el servicio público y privado, ha recibido múltiples reconocimientos de sus colegas notarios del país, y del gobierno de Francia, recibió la Condecoración de Honor de la Legión en Grado de Oficial. Andale. Así las cosas.