
**En 2022, Alberto “N” fue detenido en Veracruz acusado de presuntos ataques a las instituciones de seguridad pública contra elementos de la Fuerza Civil en Xalapa.**
Desde entonces permanece recluido en el penal de Pacho Viejo. De acuerdo con su defensa, el proceso se prolongó por más de tres años debido a suspensiones promovidas por la Fiscalía.
El 1 de diciembre de 2025 se dictó sentencia condenatoria dentro del juicio oral 82/2025, aunque los abogados sostienen que durante el juicio no se presentó el arma con la que supuestamente se cometió el ataque, ni pruebas periciales que acreditaran su existencia. La resolución fue emitida por el juez Álvaro Vázquez Campa, del Juzgado Segundo de Pacho Viejo.
El caso también involucró a familiares de Alberto que posteriormente fueron absueltos. Su hermana fue detenida cuando viajó desde Coatzacoalcos para conocer la situación jurídica del acusado, pero durante el juicio se demostró que el vehículo con el que presuntamente participó en los hechos se encontraba asegurado por la propia Fiscalía en la fecha señalada.
Posteriormente, los hijos de la mujer fueron detenidos por elementos de la Fuerza Civil en la caseta de Acayucan cuando regresaban de Veracruz. Durante el proceso denunciaron haber sido torturados, lo que derivó en una investigación contra los policías involucrados. Ambos jóvenes fueron finalmente absueltos al acreditarse que los ataques que les imputaban no existieron.
También se denunció abuso sexual contra una menor durante la detención.
En cuanto a la situación jurídica de Alberto, el 20 de septiembre de 2025 el juez determinó mantener la prisión preventiva hasta el 20 de diciembre de 2025, pese a que —según la defensa— ya se habría superado el límite constitucional de dos años para esta medida. Además, el 11 de diciembre de 2025 se ordenó ejecutar la sentencia antes de que venciera el plazo de apelación, fijado para el 7 de enero de 2026.
Ante ello, la defensa promovió un amparo y el 22 de diciembre de 2025 el Juzgado Segundo de Distrito en Xalapa, dentro del expediente 1458/2025, concedió una suspensión de plano ordenando que, si no se renovaban las medidas cautelares, se debía otorgar la libertad inmediata.
Sin embargo, según la denuncia de los familiares, hasta el 21 de enero de 2026 Alberto continuaba recluido en el penal de Pacho Viejo, mientras el juzgado federal habría solicitado en tres ocasiones información al juez del caso sobre la situación de las medidas cautelares sin recibir respuesta.
La familia sostiene que su permanencia en prisión responde a presiones externas y denuncia una cadena de presuntos abusos de autoridad e irregularidades en el proceso.
