Luis Ortiz

El reciente ajuste a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) ya comenzó a sentirse en el bolsillo de los ciudadanos, al provocar aumentos en diversos cobros relacionados con licencias, permisos, multas y otros servicios oficiales gestionados por autoridades municipales, estatales y federales.

Ramón Ortega Díaz, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Veracruz, explicó que aunque el nuevo valor fue anunciado por el INEGI desde enero, su aplicación efectiva inició en febrero, estableciéndose en 117.31 pesos, cifra que responde al comportamiento inflacionario registrado durante 2025.

Detalló que este indicador ya no guarda relación alguna con el salario mínimo y se utiliza principalmente para calcular derechos, sanciones y ciertos conceptos fiscales, lo que se traduce en incrementos automáticos en trámites como pasaportes, permisos administrativos y licencias de distintos tipos.

El ajuste, precisó, se mantendrá vigente a lo largo de todo el año y continuará aplicándose hasta febrero de 2027, en un contexto donde la inflación sigue presionando la economía familiar y superando las previsiones oficiales para el próximo año.

El especialista financiero advirtió que los pronósticos inflacionarios para 2026 se han ajustado al alza y podrían ubicarse cerca del 4 por ciento, lejos del objetivo inicial del 3 por ciento, lo que se suma al impacto de impuestos como el IEPS en productos de consumo cotidiano, así como a los efectos persistentes de la llamada “cuesta de enero”.

Finalmente, señaló que el comportamiento de los precios de los energéticos será clave en los meses por venir, especialmente el gas y la electricidad, cuyos costos dependen del mercado internacional y podrían registrar variaciones que afectarían de manera directa a la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, con repercusiones que podrían extenderse hasta 2027.