Xalapa, Ver., 28 de mayo de 2025.
Una fuerte denuncia ciudadana dirigida a la presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, ha encendido las alarmas sobre la legalidad, imparcialidad y seguridad del proceso electoral en el municipio de José Azueta. El ciudadano Iván Villanueva Sánchez hizo públicas sus inconformidades mediante una carta fechada el 23 de mayo de 2023, en la que detalla una serie de irregularidades que presuntamente involucran al presidente del OPLE municipal, al ayuntamiento local y al propio entorno del candidato de la coalición Verde/Morena.

El documento, de seis páginas, expone con claridad acusaciones delicadas: nepotismo encubierto, acceso indebido de familiares de candidatos a las instalaciones electorales, posible uso de recursos públicos para favorecer campañas, inseguridad en las instalaciones del OPLE y hasta un atentado reciente contra integrantes de la oposición. Todo esto en el contexto de un proceso electoral que, según el denunciante, “está completamente viciado”.

Villanueva Sánchez acusa directamente al presidente del OPLE en José Azueta, Lic. Williams Ramos Alfonso, de haber mentido en su declaración de conflictos de interés, al ocultar un vínculo consanguíneo con la esposa del candidato de la coalición oficialista, lo cual pondría en entredicho su imparcialidad como funcionario electoral. “No llevan los mismos apellidos, pero existe el lazo familiar”, argumenta el denunciante, quien exige una sanción por falsear información bajo juramento.

Más preocupante aún es la denuncia sobre el uso de instalaciones y recursos del ayuntamiento para abastecer con combustible a vehículos de campaña, respaldada por imágenes con georreferencia, fecha y hora. De confirmarse, esto representaría una violación grave a la normativa electoral y un atentado contra la equidad en la contienda.

Pero la denuncia va más allá de lo administrativo y toca aspectos de seguridad personal. Villanueva relata que ha recibido amenazas directas por sus opiniones políticas, acusando a un presunto operador del alcalde Giovanny Auli Moo de intimidarlo constantemente. Incluso señala que este sujeto cuenta con antecedentes penales y que, bajo efectos de sustancias, ha expresado públicamente su intención de asesinarlo. Villanueva responsabiliza al alcalde y a su círculo más cercano por cualquier daño que él o su familia puedan sufrir.

Resulta paradójico, e incluso valiente, que el denunciante se identifique como simpatizante del partido Verde/Morena, pero declare su rechazo al candidato impuesto por lo que considera “un proceso sucio y manipulado”.

Este tipo de denuncias pone en evidencia lo que muchos temen pero pocos se atreven a decir: que los procesos electorales en algunos municipios veracruzanos están lejos de garantizar imparcialidad, legalidad y seguridad para todos los actores políticos, y que los organismos encargados de velar por ello podrían estar comprometidos.

Ahora la pregunta es clara: ¿Responderá el OPLE estatal con una investigación profunda y con sanciones ejemplares si se comprueba alguna irregularidad? ¿O quedará este llamado ciudadano como uno más en el archivo del olvido institucional?

Mientras tanto, José Azueta sigue siendo un microcosmos de lo que sucede cuando la democracia se ve contaminada por intereses personales, amenazas y manipulación de recursos públicos. Una realidad que exige más que discursos: exige acciones.